El alcalde de Béjar, Luis Francisco Martín, daba a conocer en el pleno de ayer lunes que el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 2 de Salamanca ha condenado al Ayuntamiento de Béjar a pagar 4,2 millones de euros a Unicaja por la liquidación del contrato de La Covatilla como entidad acreedora hipotecaria.
El alcalde, que por el momento muestra prudencia, prefiere no hacer declaraciones a este medio y traslada la situación a una reunión que realizará el 8 de abril junto con el abogado contratado por el Ayuntamiento, y a la que el regidor a invitado a todos los grupos con representación plenaria.
La sentencia a la que ha tenido acceso este medio, expone los motivos para anular el acuerdo plenario de 2021, con el PSOE en la alcaldía, respecto a la liquidación del contrato de La Covatilla.
Una situación que se inició en el año 2014 con el proceso de liquidación de la empresa GECOBESA, gestora de la estación de esquí, y que ha tenido diferentes frentes, pleitos y contiendas principalmente desde el año 2019, cuando se rompieron las relaciones entre el entonces alcalde Alejo Riñones (PP) y la empresa GECOBESA. Todo ello aspectos que el Juzgado no ha entrado a valorar en esta sentencia, pero que sitúan la contienda.
Así el juzgado estima el recurso contencioso administrativo interpuesto por la mercantil UNICAJA BANCO SAU, frente al Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Béjar de fecha 30 de septiembre de 2022 desestimando el recurso de reposición interpuesto por los demandantes frente al acuerdo plenario de 28 octubre 2021 en el expediente 470/202 para determinar la liquidación del contrato de gestión indirecta del servicio público y mantenimiento del Centro Turístico Sierra de Béjar, que se anula y deja sin efecto condenando al Excmo. Ayuntamiento de Béjar a abonar la entidad UNICAJA BANCO SAU, como acreedora hipotecaria, la suma de 3.660.811,97 euros, así como la suma de 568.560,12 euros correspondientes a las obras e inversiones.
La condena del Juzgado no es firme, y contra ella cabe interponer recurso de apelación. Si bien desde el Ayuntamiento no se han pronunciado en esa línea, no cabe duda que se interpondrá el recurso, para el que tienen 15 días desde el momento de emitirse el fallo.
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