“Comarcas sí, distritos no”, una propuesta alternativa a la Ordenación del Territorio de la Junta

Manifiesto de "Comarcas sí, distritos no" / El “FORO COMARCAS SÍ, DISTRITOS NO” lo forman entidades asociativas del medio rural de Castilla y León y ayuntamientos de pequeños pueblos que han reflexionado juntos sobre la propuesta de Ordenación del Territorio de nuestra Comunidad Autónoma hecha por la Junta en Octubre de 2011.

Tras varias jornadas, reuniones y aportaciones de colectivos y personas, procedentes en su mayoría del medio rural, acordamos lo siguiente:

Consideramos que es muy necesario el acometer un proceso de Ordenación del Territorio de nuestra Región cuando ya han pasado más de treinta años de Estatuto de Autonomía.
No parece razonable que haya más de 15 mapas de ordenación administrativa de los diferentes servicios de las Consejerías y de la Administración General del Estado y que sería útil un intento serio de unificación.
También nos parece innecesaria la convivencia de un modelo provincial propio de un estado centralizado con la ya consolidada realidad autonómica. El proceso de descentralización debe profundizarse hacia el territorio y los municipios.
La realidad, después de estos años de existencia de la Comunidad Autónoma, nos dice que no se ha aprovechado la oportunidad para acercar inteligentemente la administración a los ciudadanos y ciudadanas y que no ha tenido suficientes ventajas comparativas el que las decisiones hayan pasado de Madrid a Valladolid.
El documento de Propuestas de La Junta entendemos que se orienta más a una gestión tecnocrática que a una verdadera ordenación del territorio, señalada una y otra vez como necesaria y urgente.

1.- La despoblación como verdadero problema de fondo.

El histórico proceso de ocupación humana en nuestra Región ha pervivido durante ochocientos años y ésta herencia es clave para valorar cómo nuestros antepasados y antepasadas han ido construyendo el territorio, han conservado el patrimonio natural y cultural, el paisaje y han sobrevivido hasta mediados del siglo XX.
En poco más de cincuenta años ha sucedido un cambio radical de modelo económico y de actividad laboral que ha concentrado a tres cuartas partes de la población en las capitales provinciales. Justo a la inversa del gran periodo anterior y además ha expulsado un gran número de personas hacia otras ciudades y regiones del Estado.
La nueva realidad autonómica no ha logrado cambiar la tendencia de emigración rural y regional y ni siquiera tenemos conciencia que lo haya intentado de modo firme y como proyecto común de los y las castellanos y leoneses.
Hasta estos momentos, la sociedad tampoco ha reclamado la necesidad de mantenimiento de una masa crítica mínima de población por todo el espacio rural que permitiera la conservación de los recursos vitales como la tierra y la alimentación, el agua, la producción de oxigeno, los paisajes, la identidad cultural y el sentido de pertenencia. Sin embargo, desde nuestro punto de vista la conservación de los recursos vitales es la cuestión clave y de futuro; por ello se hace imprescindible una ordenación territorial del espacio regional que tenga bien presente el binomio de las relaciones hombre-medio.

2.-La propuesta de la Junta de Castilla y León.

2.1.-Es un intento de reordenación y gestión administrativa pero no una verdadera apuesta por la ordenación territorial que apoye la vida en los pueblos y el equilibrio demográfico.
2.2.-La figura de los Distritos de Interés Comunitario (DIC) no aporta un valor añadido nuevo a lo existente y no sustituye a las Diputaciones ya obsoletas.
2.3.-La creación de los DIC va a producir una concentración de recursos en los pueblos más grandes que ayudará a la desaparición de los más pequeños y que, de llevarse a cabo, tendrá unas consecuencias muy graves para la cohesión territorial.
2.4.-Consolida el actual modelo de concentración y centralización de servicios, recursos y decisión político-administrativa que tan nefastos resultados han producido para la vida de nuestros pueblos.
2.5.-No es admisible el tópico de que la descentralización de servicios, recursos y decisiones sea más cara que su concentración. Consideramos que un reparto equitativo por todo el territorio es más democrático, más cercano a la ciudadanía y más eficiente porque estimula las capacidades de las personas que lo gestionan.
2.6.-Se citan la racionalización económica y la austeridad como valores que deben guiar siempre las decisiones de organización administrativa y la propuesta que se nos presenta añade más gasto de estructura a lo existente aunque no se diga.
2.7.-La creación de los DIC favorecerá la desaparición de los ayuntamientos y la experiencia nos enseña que el pueblo que pierde su ayuntamiento acelera su desaparición al igual que ha pasado con los que perdieron su escuela.
2.8.-El elevado número de ayuntamientos tiene como valor la multitud de personas implicadas, como alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas, de modo voluntario en su gestión con mínimo coste y alto conocimiento de la realidad de la vida y del territorio municipal, que con toda seguridad disminuirá con la asunción de responsabilidades por parte de los DIC.
2.9.-No se justifica la pretensión de concentración de servicios por ahorro económico pues los pequeños municipios ni de modo general están endeudados ni han sido los responsables del déficit público.
2.10.-Favorecer la concentración provocará, sin duda, la desaparición de los pequeños municipios y el abandono del espacio lo que generará una gestión desde la lejanía y la apropiación por parte de personas y empresas de la tierra y sus productos, quedando en grave riesgo la soberanía alimentaria regional.
2.11.-La denominación Distrito de Interés Comunitario es ajena a nuestra cultura, a nuestro lenguaje, y a la propia configuración de nuestro territorio.

3.-Un modelo de ordenación territorial para mantener el mundo rural vivo.

3.1.- Propugnamos que frente al modelo tecnocrático de La Junta de Castilla y León se potencie la creación de una estructura comarcal que respete la identidad, la homogeneidad geográfica y de orientación productiva, sin que los límites provinciales sean un obstáculo para la nueva conformación comarcal.
3.2.-Abogamos por la supresión de las Diputaciones Provinciales, asumiendo La Junta de Castilla y León las competencias y el personal que razonablemente se establezcan, o transfiriendo a las comarcas y ayuntamientos las que se consideren que mejor y más descentralizadas pueden ejecutar.
3.3.-Proponemos la creación de los órganos de gobierno de las mismas en los que estarán representados todos los municipios.
3.4.-Defendemos el fortalecimiento de aquellas tareas comunes que puedan ser mejor ejecutadas en la Comarca siguiendo siempre el principio de la descentralización de recursos y servicios para dar oportunidades a los municipios más desfavorecidos.
3.5.-Asimismo, se ha de consagrar como básico el principio de subsidiariedad, siendo por tanto la administración más cercana la responsable en la aplicación de las políticas que más directamente afectan a los ciudadanos y ciudadanas.
3.6.-De igual modo, se ha de facilitar que tanto los mapas administrativos de las administraciones autonómica y general del estado, así como las actuales mancomunidades se vayan ajustando al mapa comarcal regional resultante del proceso.
3.7.-Igualmente los territorios de actuación de los Grupos de Desarrollo Rural, muy próximos a lo que habrían de ser las comarcas, cuya experiencia de veinte años de trabajo aporta significativas enseñanzas, también se ajustarían al nuevo mapa comarcal regional.
3.8.-El modelo comarcal permite la asignación de recursos de modo homogéneo por habitantes y la discriminación positiva en razón de niveles de renta y desarrollo para aquellas más desfavorecidas. De este modo se corregirían las graves desigualdades existentes por razón de su localización en el territorio como las comarcas de montaña o las fronterizas con Portugal.
3.9.-La denominación de Comarca no es en absoluto ajena a nuestra identificación y sentido de pertenencia y haría realidad el artículo 46 de nuestro Estatuto de Autonomía.
3.10.-Un proceso de comarcalización supondría una racionalización espacial y de recursos tanto política como administrativamente, conformando un mapa de entre 45 y 50 comarcas con identidad, frente a 163 distritos rurales, 239 mancomunidades y 9 diputaciones.