Béjar y Candelario se manifiestan contra la Reforma Local del PP

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M.R. / Las localidades de Béjar y Candelario han tenido concentraciones en las puertas de sus ayuntamientos para manifestarse contrarios a la Reforma Local del PP, la cual pretende quitarle competencias a los Ayuntamientos para cedérselas a las Diputaciones, para posteriormente privatizar los servicios público, lo que supone servicios más caros y de peor calidad.

En ambas localidades han sido PSOE e IU quienes han impulsado las concentraciones, las cuales han tenido una asistencia moderadamente aceptable en Candelario, reuniendo a una treintena de personas, y muy baja en la ciudad textil al congregar a una veintena de ciudadanos.

MANIFIESTO LEÍDO EN BÉJAR EN DEFENSA DE LA AUTONOMÍA LOCAL

El Anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local pretende ajustarse a los principios de austeridad y recortes presupuestarios. Estos principios fueron consagrados por la Ley 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que desarrolla el artículo 135 de la Constitución Española, un articulo modificado a espaldas de la ciudadanía y priorizando el pago de la deuda a cualquier otro gasto y poniendo, en definitiva, el Gobierno al servicio de los mercados.

Bajo esa premisa económica se abordan soluciones de marcado sesgo ideológico y de claro corte neoliberal. Se vuelve a utilizar la crisis como excusa para imponer una Ley injusta que va en contra de los intereses de la mayoría de la ciudadanía. La degradación de los servicios públicos, fruto de las políticas de austeridad, está afectando a la vida de las personas, pero también al funcionamiento de una economía cada vez más deprimida y en recesión. Los recortes no hacen más que ahondar en esta mala situación y perjudican claramente a las cuentas públicas por la reducción de ingresos. Mientras, se trasvasan grandes cantidades de dinero y se convierten los servicios públicos en negocios de los que se beneficiarán unos pocos. Al mismo tiempo, se ignoran el principio de autonomía y el principio de subsidiariedad y se pasan por alto los derechos y las necesidades de la ciudadanía y los niveles de calidad, eficacia y eficiencia de los servicios que se prestan. Con este anteproyecto de Ley, las alternativas para la mayoría de los Ayuntamientos serán las de suprimir servicios públicos o La democracia local, que con tantas dificultades se construyó por todos y todas, está en peligro por esta reforma de la Administración Local con la que el PP pretende vaciar la función social de los Ayuntamientos y privatizar los servicios básicos que aún quedan en manos públicas. Con esta ‘Ley anti-ayuntamientos’, las Diputaciones asumirán la prestación de servicios de los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes si no atienden a un ‘coste estándar’ fijado por el ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que estará por debajo del coste real de los servicios. Esta reducción tendrá consecuencias: privatizaciones, menos y peores servicios públicos, así como la pérdida de empleo municipal. Además, las Diputaciones impondrán en ese caso los impuestos locales a los municipios. También las ciudades de más de 20.000 habitantes verán mermados sus servicios básicos y deteriorados los empleos municipales debido a la imposición de ese ‘coste estándar’. En el caso de los pueblos de menos de 5.000 habitantes se abre la amenaza de la intervención, que hará desaparecer en la práctica su entidad como municipio. La pérdida de la prestación de servicios supondrá, por tanto, un grave retroceso de la calidad democrática. En un momento donde la ciudadanía reclama mayor participación en la vida democrática, con este anteproyecto el PP mutila la participación y la capacidad de decisión sobre las políticas de proximidad que se desarrollan en los Ayuntamientos.

Por todo ello, en ei día de hoy, hacemos un llamamiento a la defensa de los pueblos y ciudades para que sean espacios de ejercicio democrático al servicio de los intereses de sus gentes y no de quienes quieren hacer negocio a costa de la calidad de vida y los derechos de los pueblos.

Exigimos al Gobierno que retire de manera inmediata el Anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

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