El 94% de los abortos practicados en Salamanca serían ilegales con la ley que prepara el Gobierno

• La cifra de interrupciones voluntarias del embarazo baja un 11% en la provincia.

Olga Prieto para www.saludadiario.es / En pleno conflicto ideológico por la aprobación del anteproyecto que derogará la ley de plazos vigente y restringirá el aborto legal a dos supuestos -violación y grave riesgo para la salud física o psicológica de la madre- el Ministerio de Sanidad ha publicado los datos sobre las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) registradas en 2012. El pasado año se practicaron 212 en la provincia, una cifra que supone un descenso del 11% con respecto al ejercicio anterior. Pero el informe tiene otra lectura, porque el 94% de las intervenciones realizadas en Salamanca serían ilegales bajo el prisma de la normativa que prepara el Gobierno.

Durante el pasado año, 212 mujeres de la provincia decidieron interrumpir voluntariamente su embarazo, una cifra que supone un descenso superior al 11% con respecto al ejercicio anterior. Así lo refleja el último informe publicado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que para el conjunto de Castilla y León recoge una bajada del 9,8% en el número de abortos voluntarios, con un total de 3.261, frente a los 3.582 practicados en 2011.

Los datos se hacen públicos en plena polémica por el anteproyecto presentado por el Ministerio de Justicia para derogar la ley de plazos que entró en vigor en 2010, un contexto en el que la Asociación Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) ha advertido que más del 90% de los abortos voluntarios efectuados en 2012 serían ilegales bajo el prisma de la nueva ley que pretende aprobar el Gobierno, y que limita la posibilidad de interrumpir una gestación hasta la semana 22 a casos de violación y de grave riesgo para la salud física o psicológica de la mujer.

En el caso de Salamanca, el porcentaje de intervenciones que quedarían fuera de estos dos supuestos sería superior al 94%, teniendo en cuenta que 200 de las 212 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) registradas en 212 se practicaron por petición de la mujer (170) o por anomalías fetales graves. Ante esta situación, la asociación ACAI cree que, "en consecuencia, y toda vez que la ley del PP entre en vigor, más del 90% de las mujeres estarán abocadas al éxodo abortivo o a someterse a un aborto clandestino, circunstancia que pondrá en riesgo su salud y su vida".

Según los datos recogidos en el informe del Ministerio de Sanidad, el 64% de los abortos contabilizados en la provincia se efectuaron antes de la novena semana de gestación; el 14,15%, entre la novena y la duodécima y el 8,9%, entre las semanas 13 y 16. Otras 18 intervenciones se realizaron entre las semanas 17 y 20 y nueve cuando la gestación había superado las 21 semanas.

Respecto a la edad de la embarazada en el momento de la IVE, sólo una era menor de 15 años, frente a las tres registradas en 2011, y 24 tenían entre 19 y 19 años, una franja de edad en la que los abortos voluntarios se redujeron a la mitad con respecto al ejercicio anterior. Más del 68% de las interrupciones voluntarias del embarazo se produjeron entre los 20 y los 40 años, con un total de 166.

Por otro lado, la estadística del Gobierno recoge que la mitad de las mujeres que optaron por no seguir adelante con su gestación eran embarazadas sin hijos (107) y para casi el 76% fue su primer aborto voluntario. En este sentido, 34 mujers se habían sometido a una IVE previa; 14 a dos y dos gestantes, a tres procedimientos previos, además de una que acumulaba cinco o más interrupciones del embarazo anteriores.

En relación al uso de anticonceptivos, llama la atención que prácticamente la mitad de las IVE se efectuaron en embarazadas que admitieron no utilizarlos. En 68 casos habían usado métodos de barrera (preservativo); en 20, hormonales; en 10, métodos naturales y en un caso, dispositivos mecánicos. Siete de cada diez mujeres obtuvieron información sobre la interrupción voluntaria del embarazo en un centro público, y el resto, en recursos privados (21), de amigos o familiares (14) o, incluso, a través de internet (24).

En el conjunto del país, a lo largo del pasado año se registraron 112.390 abortos voluntarios, casi 6.000 menos que en 2011, lo que supuso una reducción del 5%. Fue la primera vez que bajó la cifra de IVE desde la entrada en vigor de la ley de plazos que ahora derogará el Gobierno, y que permite interrumpir libremente la gestación durante las primeras 14 semanas.

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