Una opinión de Miguel Rodero / La Asociación de Amigos de la plaza de toros de Béjar premiará el próximo 4 de diciembre a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, como “reconocimiento a su labor de apoyo y defensa de los toros”.
A estas alturas no voy a entrar a debatir que simplemente me parezca deleznable que se premie a quién defiende la tortura animal, pero lo que si pediría es que, si hay que conceder un premio, se otorgue a alguien que no tenga una mochila de ataques contra los derechos fundamentales de los ciudadanos como es el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ya que al recoger el premio no sabremos si se premia que apoye el maltrato animal o también la crueldad hacia los humanos.
Para quienes vivimos de cerca las movilizaciones ciudadanas posteriores al 15M nos será complicado olvidar que la ahora beatificada Cristina Cifuentes fue no hace tanto tiempo delegada del Gobierno, y que su trayectoria profesional refleja perfectamente como su defensa de la brutalidad no es solo con los toros.
Legal Sol, brazo jurídico del movimiento 15-M, denunció en su día “cargas injustificadas, brutalidad en la disolución de concentraciones, tratos vejatorios en comisaría y detenciones aleatorias” por parte de la Policía con el consentimiento de la delegada del Gobierno, quien se dedicaba a “anunciar investigaciones internas que nunca, ni en los casos más escandalosos, han supuesto sanciones”.
Bajo el mandato de Cifuentes se ha utilizado la detención como “castigo”. Así, el colectivo denuncia que de las cientos de detenciones que se practicaron durante las mencionadas manifestaciones y concentraciones, únicamente dos personas han sido condenadas por delito. Evidenciando la utilización de la privación de libertad como un castigo previo y lejos del control de la institución judicial, más allá de los límites y exigencias que la Ley impone.
Con Cifuentes se han criminalizado a los abogados que defendían manifestantes, se ha defendido que los policías anti-disturbios no llevasen su número de placa visible para garantizar que ante cualquier abuso se pueda identificar de manera fácil al funcionario responsable de malos tratos policiales. Se destrozo a base de sanciones administrativas a los miembros de colectivos sociales que acudían a las manifestaciones. Vulneró la constitución con frases como “Una concentración no comunicada es una concentración ilegal” y finalmente, Cifuentes apostó públicamente por regular el derecho a reunión de los ciudadanos introduciendo “algún cambio legislativo”. Poco después fue aprobada la Ley de Seguridad Ciudadana más restrictiva de la democracia.
Esta semana me he sacado mocos que se merecen más un reconocimiento, por triste que sea, que Cristina Cifuentes. Béjar, una vez más, repartiendo pena por el mundo.
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