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Montero y sus mojones (el caso de la pilona derribada en La Covatilla) y la próxima decisión de la Alcaldesa de Béjar

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Miguel Rodero / Todos recordarán que durante el pasado mes de diciembre el Presidente de la Comunidad de Propietarios de la finca “El Tremedal”, Francisco Montero Moral, reconoció la autoría del derribo de la pilona situada en el “Canchal Negro”, la parte más elevada de la Estación de Esquí La Covatilla (pueden ver en el mapa adjunto la localización de la misma).

Esa acción venía precedida de acusaciones, exigencias, demandas… y finalizó con el derribo de la misma amparado tras el último Decreto del Juzgado de Piedrahita.

Cabe recordar que mientras Alejo se mantuvo de Alcalde en la ciudad de Béjar su postura era clara en este conflicto. Así Riñones siempre defendió que el Instituto Geográfico Nacional en su informe de 1983 marcaba los diferentes mojones próximos, entre los cuales si se traza una línea recta la pilona quedaría en término municipal de Navacarros, y no de Solana de Ávila, como considera Montero que está la pilona de la discordia (adjunto dibujo para aclarar la situación).

El conflicto se genera (fuera de otros aspectos) por la no aclaración de esa delimitación por el propio Instituto Geográfico Nacional, quienes en el momento de elaborar su plano especificaron que “existe disconformidad, respecto a la posesión de hecho y de derecho, en este tramo de está línea límite”.

La segunda cuestión a considerar para aclarar posiciones es que fue la propia empresa Gecobesa, de la que era accionista mayoritario Francisco Montero (ahora demandante de esta situación) quién instaló en esos terrenos la pilona derribada y quien solicitaría en su día a un Ayuntamiento el permiso para su instalación… y el Ayuntamiento a quién le solicitó dicho permiso fue al de Navacarros. Con lo cual el mismo Montero reconocía implícitamente hace años que la pilona de la discordia estaba en término municipal de Navacarros y por tanto su derribo no debería haberse producido.

Pero así no lo entendió el juzgado de Piedrahita, quién considerando un documento tan impreciso como el catastro, otorgó alas a Montero para ejecutar el derribo de una pilona en unas tierras que no valen nada, pero mediante las que el pretendía obtener unos beneficios dignos de tierras ricas en oro o diamantes (se los expondré en otro episodio).

Ahora la nueva Alcaldesa de Béjar tiene que tomar una decisión con respecto a esta situación.

1º. Puede acceder a las peticiones de Montero, en mi opinión una negociación basada en el vasallaje que no se debe aceptar.

2º Puede mantener la línea de su anterior predecesor, que es reclamar al Instituto Geográfico Nacional que acuda al terreno y tome una decisión, tal y como debían tener realizado desde el año 1983. Una petición que debería realizar el Ayuntamiento de Navacarros y pagar, por supuesto, el consistorio bejarano.

¿Cual será la decisión de Elena Martín Vázquez?

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