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Manifiesto redactado en la I Jornada en defensa de la escuela rural celebrada el pasado 20 de Mayo en San Miguel de Valero

Viernes, 23 de Junio de 2017 08:20

El mundo rural constituye el hábitat del 45 % de quienes viven en municipios de menos de 10.000 habitantes, y del 57 % de la población de Salamanca que vive fuera de la capital, conformando un alto porcentaje de su identidad. Es conocida y reconocida, no solo por su rana y plaza histórica situada en la ciudad, sino por su dehesa, su miel, sus arribes, el vino, las sendas entre castaños… La escuela forma parte de ello, siendo, a veces, el auténtico motor de desarrollo y conservación de la esencia de nuestra provincia.

Es la escuela rural la que desde hace años lleva trabajando por conservar y por innovar. En ella se practica desde hace mucho esas “nuevas metodologías” caracterizadas por el trabajo cooperativo, centros de interés, aprendizaje por proyectos, atención individualizada, autogestión, coevaluación, etc. En ella, no se necesita hacer unidades didácticas para reconocer la importancia de “la tres R”, del desarrollo sostenible, de las energías renovables o de los productos ecológicos… El alumnado de la escuela en el contexto rural siempre ha vivido y crecido con la autonomía y libertad que le permite su cercanía, ha desarrollado la creatividad para encontrar soluciones sin recursos, su atención de manera individual es cotidiana por el menor número de niños, la diversidad es norma porque suelen convivir distintas edades y el tiempo no se estructura con prisa corriendo de una actividad a otra. El potencial de esta escuela radica en los valores que la envuelven de manera natural, donde la colaboración es necesidad, así como la relación intergeneracional o la responsabilidad educativa compartida por toda la comunidad. Es en el contexto rural donde existe una menor distancia entre el entorno y el edificio que la recoge, donde los valores más humanos son reales y cotidianos. No existe la necesidad de generar escenarios de aprendizaje artificiales donde trabajar contenidos para un crecimiento global, ni renunciar por ello a ninguno de los estándares exigidos en la legislación. De hecho, en el contexto rural se participa de los mejores resultados de Castilla y León en las pruebas PISA.

Ante ello, resulta difícil entender por qué las políticas económicas y sociales no favorecen la conservación y desarrollo de la escuela rural. Seguimos en el empeño de considerar esta como objetivo de segundo grado, como si todo lo situado “en el pueblo” fuera prescindible, innecesario o no rentable, destruyendo el potencial del mundo rural. Así llevamos años encontrándonos con decisiones administrativas como:

• Crear cada vez menos plazas definitivas de maestros en los colegios rurales que tienen que ser ocupadas por un alto porcentaje de profesorado provisional, interino, o sustitutos.
• En ocasiones se trata de contratos con pocas horas y en itinerancia.
• Contribuir así a la desmotivación y poca implicación de muchos de ellos porque cada año se enfrentan a un centro nuevo del que saben que saldrán en nueve
  meses.
• Imposibilidad de desarrollar proyectos a medio o largo plazo, provocando un
  aprendizaje inestable ya que el equipo de profesores no tiene continuidad.
• Trámites burocráticos que ralentizan y dificultad el desarrollo de cualquier actividad escolar o extraescolar porque no se cuenta con personal administrativo en la escuela.
• Demasiadas veces la calidad de la enseñanza queda supeditada a la buena voluntad del profesor que, sin formación específica para la escuela rural, se enfrenta a ella con herramientas poco efectivas.
• Se legisla para que la participación de las familias quede en lo anecdótico, con un Consejo Escolar sin capacidad de decisión o sin estructurar un apoyo a las ampas que ofrezca a las familias información suficiente como para sentirse capaces en su implicación escolar y ser parte del proceso educativo.
• Se toman decisiones a espaldas de la población rural. Prueba de ello la tenemos en la nueva legislación de Ordenación Territorial de los Servicios Públicos como La Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León y su desarrollo en la Ley del Mapa de Unidades Básicas de Ordenación Territorial de los Servicios Públicos (UBOTS) que está a punto de ser aprobada. Esto provocará, la desaparición de muchas escuelas en pueblos pequeños y medianos ya que, al sustituir como unidad básica de ordenación y planificación de los servicios públicos educativos el municipio por las nuevas unidades territoriales (la nueva Ley agrupará los 362 municipios de Salamanca en 26 UBOTS) y fijar la escala “Para la prestación de la educación obligatoria, cada zona educativa deberá comprender un mínimo de una unidad básica de ordenación y servicios y un máximo de cinco”.
• La normativa educativa no se ajusta a la escuela rural, con unos contenidos alejados de su contexto y con recursos que no responden a sus necesidades.

En definitiva la Administración va estableciendo mandatos que empobrecen y ahogan a la escuela rural, cargándose así de razón cuando decide su cierre definitivo.

La escuela, rural o no rural, está llena de niños, no de números y tan importantes son 28 como 5.

Debemos luchar contra esto. Debemos hacer conscientes a la sociedad y a los políticos que si organizamos nuestra vida en función de los parámetros de la ciudad, el mundo muere. Necesitamos el mundo rural para seguir adelante, con sus productos, costumbres y valores. Necesitamos a la escuela rural para que cuide de todo ello.

Por eso, exigimos:

• Establecer una normativa educativa específica para la escuela rural donde se reconozcan sus particularidades al margen de un mero ajuste de ratio o de distribución de especialistas. Esto debería ir unido a una normativa rural que atienda de la misma manera a la economía, sanidad, oportunidades de desarrollo, etc.
• Relacionado con ello, pedimos un contexto de participación y decisión en la elaboración de la nueva Ordenación Territorial de los Servicios Públicos que condicionará directamente la existencia o no de la escuela rural.
• Adaptar los criterios de creación de plazas fijas para los maestros rurales.
• Crear becas que ayuden a que los alumnos se queden en la escuela de sus pueblos y no becas que ayuden a irse de ellos.
• Promover y apoyar proyectos educativos generados por equipos docentes concretos que puedan desarrollar su trabajo durante tres o cuatro años, promoviendo con ello cierta estabilidad profesional y educativa, así como la implicación de las familias.
• Establecer vías de información y participación para ellas.
• Crear en las facultades de educación ramas de formación específica para el maestro de la escuela rural y que se apoye económicamente a todo estudiante que desea hacer las prácticas en este contexto y que en la actualidad asume todos los gastos.

Como ciudadanos tenemos capacidad para detectar todas estas necesidades e intuir cómo debería ser la normativa que las atienda. También tenemos poder para la toma de decisiones directa en nuestro contexto de familias conscientes y luchadoras.

Así, comenzaremos por:

• Reactivar las ampas de la escuela rural, poniendo en valor a toda la comunidad educativa.
• Favorecer la comunicación entre ampas a través de la Federación buscando contextos de encuentros para la reflexión y la ayuda mutua.
• Implicarnos en el desarrollo de proyectos dentro y al lado de nuestra escuela
  para que esta sea motor del propio desarrollo rural.
• Denunciar públicamente las irregularidades y abusos de la administración.
• Denunciar políticas de hechos consumados como la desaparición o previsión de integración en otros CRAS para el próximo curso: El CRA de Galinduste en el de Valdecarros, el CRA de Colmenar de Montemayor en el de Ledrada, integración del CRA de Martiago con el de Robleda, Integración del CRA de Lagunilla en el de Puerto de Béjar; junto a otras importantes modificaciones de cambio de cabecera u otras transformaciones en varios centros con importantes consecuencias para el futuro de estos colegios rurales, tal vez como preparación del terreno para la aplicación de esa nueva normativa de Organización Territorial.
• Trabajar en la organización de encuentros para la defensa de la escuela rural.

Necesitamos un cambio de conciencia respecto al valor de este contexto educativo. Nos necesitamos para que ese cambio se produzca y tal vez el primer paso sea este manifiesto surgido de las reflexiones de familias, docentes, sindicatos y administración municipal hechas en el I Encuentro en Defensa de la Escuela rural en San Miguel de Valero el 20 de Mayo de 2017.

Este encuentro surgió de la necesidad,  ilusión y trabajo de un grupo de familias que creen en sus escuelas y que creen en sí mismas como motor clave para el cambio.